BUENAS PRÁCTICAS


Son actividades o procesos que han obtenido destacados resultados en el funcionamiento de una organización en beneficio de los ciudadanos y que puede ser replicada para mejorar la efectividad, eficiencia e innovación de la institución. 


Las Buenas Prácticas  tienen que cumplir con los siguientes criterios: bienestar ciudadano, replicabilidad, relevante, iniciativa, creatividad, eficiencia e integralidad. Asimismo, deben ser sostenibles. 


Las Buenas Prácticas sistematizadas permitirán aprender de las experiencias de trabajo y se podrán aplicar en otras dependencias y contextos, se podrá proponer adaptaciones o mejoras y serán visibles para toda la institución. El inciso d) del artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones del Centro de Investigaciones Judiciales aprobado por Resolución Administrativa Nº 228-2012-CE-PJ establece que la Unidad de Investigación y Fondo Editorial desarrolla actividades de identificación y promoción de las buenas prácticas de despacho judicial.


BUENAS PRÁCTICAS DEL MES


MAYO 2019


Con fecha 17 de abril de 2019, se emitió la Resolución Administrativa N° 165-2019-CE-PJ, a través del cual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone implementar en las Cortes Superiores del país, la buena práctica denominada “Apostando por el ciudadano del mañana a través de un modelo de gestión penal juvenil, eficaz y eficiente”, desarrollada por la Corte Superior de Justicia Del Santa y que fue ganadora del “Concurso Premio Certificación ISO a las Buenas Prácticas 2018”.


Esta iniciativa tiene como beneficiarios directos a los adolescentes en conflicto con la ley penal y la parte agraviada; y como beneficiarios indirectos a la familia y la sociedad. 

Esta Buena Practica tiene los siguientes objetivos: 

a) Erradicar el modelo inquisitivo en la justicia penal juvenil, que permita la instauración de un proceso justo, célere y eficaz; 

b) Lograr que el 100% de los casos ingresados obtengan una decisión final a corto plazo, utilizando las herramientas de simplificación procesal; 

c) Contar con operadores de justicia empoderados en el respeto de los derechos fundamentales del adolescente en conflicto con la ley penal; 

d) Eliminar la idea de impunidad en la comunidad y la víctima, generando confiabilidad en el sistema de justicia.