LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE JUEZAS DEL PERÚ LAMENTA LOS ACTOS DE VIOLENCIA SUSCITADOS EN LA SIERRA DE PIURA EN CONTRA DE UNA MAGISTRADA

La Asociación Nacional de Juezas del Perú, ante los actos de agresión y violencia física desarrollados el día tres de julio del dos mil diecisiete, en el Caserío de Sapillíca (sierra de Piura) por parte de un grupo de ronderos de la zona, contra la doctora María Soledad Chuquillanqui Chinguel, Jueza del Juzgado Mixto con funciones de Juzgado Penal Unipersonal de Ayabaca y el equipo que la acompañaba en circunstancias que realizaba una diligencia judicial, hace de conocimiento público lo siguiente:


RECHAZA los actos de violencia que han afectado la integridad física y psicológica de la doctora María Soledad Chuquillanqui Chinguel y los otros servidores del sistema de justicia, a quienes expresarnos nuestra solidaridad.


SALUDA su fortaleza para continuar con el cumplimiento de su deber, pese a las lesiones que le fueron ocasionadas.


CONSIDERA que es inaceptable en un Estado de derecho democrático que integrantes de rondas campesinas impidan el ejercicio de la función jurisdiccional, afectando derechos fundamentales y siendo deber de todo ciudadano respetar las funciones de quien ejerce su trabajo en el marco de la Ley.


EXPRESA que hechos corno los descritos no tienen ningún contenido de justicia comunal y más bien, advierten un inaceptable y abusivo ejercicio de la actividad ronderil.


RECONOCE el esfuerzo y el trabajo de las juezas a nivel nacional que operan en zonas rurales y que deben conciliar sus funciones con las tradiciones culturales de la zona, que en ocasiones rechazan la presencia femenina en espacios o roles que han sido históricamente masculinos afectando de esa manera muchas veces su integridad personal.


CONSIDERA que se debe ejercer la articulación entre la justicia ordinaria y comunal a fin de evitar situaciones de conflicto en el marco de un Estado democrático constitucional y de respeto a los derechos humanos.


REQUIERE al Ministerio del Interior a fin de que se provea a los jueces y juezas de resguardos policiales suficientes para el debido cumplimiento de los actos judiciales que realizan.


EXIGE al Ministerio Público la inmediata y exhaustiva investigación de lo sucedido, así como una sanción ejemplar de ser el caso a los responsables.


Lima, 07 de julio de 2017