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PLAN
DE TRABAJO INSTITUCIONAL
Juez Superior: Percy Horna León I.- CELERIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Se ha evidenciado la existencia
de una brecha entre la cantidad estimada de resoluciones
judiciales o producción judicial y la cantidad demandada de las mismas. No existe, necesariamente, una
relación directa entre la carga procesal y el
número de servidores asignados a las dependencias judiciales. Es decir,
los órganos jurisdiccionales con más carga no
necesariamente cuentan con mayor cantidad de servidores jurisdiccionales. Se debe abordar otros mecanismos de redistribución de los auxiliares y trabajadores judiciales para mejorar el servicio
de justicia. Pese al ingreso aleatorio de
expedientes que debería ser proporcional, la
disparidad tiene
relación con otros factores como la cantidad y capacitación del personal,
falta de logística, entre otros aspectos relevantes. CARGA PROCESAL
EN TRÁMITE POR AÑO
Como se podrá observar, se evidencia un incremento de la carga procesal en los últimos nueve años; pasando
de 55,266 expedientes al año 2014 a 75,356 procesos
al año 2021, y en lo que va del 2022 tenemos 66,708 procesos en trámite, lo que nos determina
a la adopción de las siguientes acciones: JUZGADOS TRANSITORIOS EXISTENTES:
Propuestas:
Conformar
equipos especializados de asistentes jurisdiccionales (secretarios y asistentes judiciales) para desempeñar
tareas de apoyo jurisdiccional y técnico a los órganos jurisdiccionales con el objeto
de acelerar la descarga procesal y producción
judicial. El monitoreo constante de la
evolución de la carga procesal en todos los órganos jurisdiccionales y la adopción de medidas inmediatas que permitan optimizar la labor de descarga, esencialmente en aquellos que evidencien menor
carga en especialidades de mayor demanda. Asignación racional de la carga
procesal, mejorando la distribución de los expedientes
en la medida que no es uniforme, gestionando los procesos judiciales, dentro del mismo ámbito competencial y especialidad. Monitorear la ejecución de sentencias judiciales en los distintos
órganos jurisdiccionales conformantes del Distrito Judicial
de Cajamarca. Fortalecer planes de descarga
procesal, verbigracia, maratones judiciales semestrales;
y promover y felicitar buenas prácticas en la gestión de la carga procesal
a nivel de órganos jurisdiccionales. Gestionar la vigencia de los
órganos jurisdiccionales transitorios e impulsar el incremento de órganos jurisdiccionales necesarios con el objeto
de cubrir la demanda judicial de la
ciudadanía, ampliando la cobertura del sistema de administración de justicia
en Cajamarca. Mejorar la información estadística
que permita identificar aquellos juzgados que
advierten demoras en la atención o aquellos casos en los que se presenta
mayor celeridad, a través
de la semaforización. Realizar un monitoreo respecto
del tiempo de atención en las materias donde se viene aplicando
la corporativización, con el objeto de alcanzar una atención oportuna
de los procesos sometidos a su conocimiento. Proceso de consolidación de la
Reforma Procesal Penal, con el propósito de reducir el tiempo que actualmente llevan los procesos
comunes. Seguir en la modernización de
los procesos civiles con modelo de gestión de
oralidad, a través de un
sistema de audiencias en las que se aplique fundamentalmente el principio de oralidad, para reducir los plazos de resolución y darles transparencia a los procesos. Continuar con los avances en la aplicación de la Nueva Ley Procesal
de Trabajo, a través del control de los tiempos de atención y la búsqueda de su mejora continua. Sinceramiento de los hitos resolutivos, registrando todos los actos procesales, considerando aquellos que son necesarios para arribar a la conclusión de una causa,
cualquiera sea la especialidad. Implementar un aplicativo sobre la evaluación de desempeño de manera constante y permanente, con la finalidad
de buscar capacitaciones específicas. II.- INTEGRIDAD
Y TRANSPARENCIA
La integridad en la
administración de justicia instituye un conjunto de valores éticos cuyo propósito es adoptar conductas con calidad de normas
reguladoras destinadas a proteger,
mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados, aspecto que resulta fundamental para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía y conseguir los fines del servicio público
brindado por este Poder del Estado. La transparencia es un elemento fundamental que rige el actuar de la totalidad del Estado en
tanto apertura y expone a la ciudadanía el ejercicio de las funciones de las autoridades, funcionarios, funcionarias y servidores públicos y,
así, se constituye en un principio
constitucional, como tal tiene rango o jerarquía
de la Constitución,
lo que significa que se encuentra por encima de las leyes y del resto de normas de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, existe una
permanente sensación de corrupción e ineficiencia del Poder Judicial para combatirla, en tanto constituye, hasta la actualidad, uno de los
problemas más preocupantes para la población y afecta directamente la legitimidad de este Poder e incluso del Estado en su conjunto y la
sociedad. Una manera de medir la incidencia de la corrupción es a través del índice de percepción. Si bien esta
medición puede reflejar cierta subjetividad, es importante tenerlo
en cuenta, por cuanto la corrupción reduce la confianza
de la ciudadanía, lo que
también tiene un impacto negativo no solo en el servicio sino también en los servidores, tema
que cada vez más es percibido como un problema del país. Aun con ello, las instituciones del sistema judicial, entre
estas el Poder Judicial y Ministerio Público, han retrocedido algunas
posiciones, retroceso que podría deberse
a los esfuerzos de la reforma del sistema judicial como estrategia anticorrupción.
Sin perjuicio de que la
percepción social identifica a la corrupción como mal endémico en el sistema de justicia en el país, de acuerdo con la
estadística recogida, son otros los
motivos por los cuales el justiciable acudió durante el año 2022, ante el Órgano de Control Interno.
Por tanto, sin dejar de lado los controles respectivos sobre el particular, consideramos las acciones
siguientes: Propuestas:
Apoyo decidido a las acciones
desplegadas por la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura (ODECMA). Mejorar la plataforma digital de
recepción y atención de denuncias jurisdiccionales y administrativas, promoviéndose la participación de la
ciudadanía como parte de una estrategia que contribuirá a luchar
contra la corrupción, que garantice la transparencia
de la información recibida y que permita establecer acciones concretas de mejora, buscando como propósito la cero tolerancia
a la corrupción. Implementar un sistema informático que permita el monitoreo de las denuncias para una mejor gestión, estableciéndose un registro
de denuncias y denunciantes temerarios
o maliciosos a efectos de evitar se congestione el trabajo de la OCMA y, posteriormente, de la ANCPJ con
denuncias malintencionadas, que originan la desatención de los casos que realmente
merecen atención. Reuniones periódicas con
abogados litigantes por especialidad, para identificar potenciales
zonas de retardo y corrupción en las áreas jurisdiccionales y administrativas, en coordinación con ODECMA. Afianzar el uso de los aplicativos Módulo de Sentido
de Decisiones Judiciales, Casilleros Digitales y el Juez Te Escucha, con la finalidad de
consolidar una mayor transparencia y legitimidad ante la comunidad
en general. Coordinar con la Junta de Jueces
mecanismos de respuesta rápida ante presiones
mediáticas en el trámite de un proceso
judicial, explicándose a través de la Oficina de Imagen Institucional los
alcances de las decisiones judiciales que se cuestionen
sin sustento alguno a través de los medios de comunicación. Desalentar y sancionar
el uso indiscriminado de quejas o denuncias. Fortalecer el Sistema de Control
Interno (SCI) de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca,
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 28716, con la finalidad de prevenir riesgos en los procesos de la entidad y promover la transparencia
en la gestión; así como, resguardar los recursos del Estado y prevenir irregularidades o actos de corrupción. Promover el control previo y
concurrente en las acciones de control a cargo de la OCI y/o la Contraloría General de la República, para identificar
eventuales riesgos en la gestión y
realizar los actos de subsanación oportunamente, reduciendo las probabilidades de que el personal incurra
en actuaciones disfuncionales y
hasta en actos de corrupción, así como minimizar el perjuicio que esos
actos puedan causar a la entidad. III.- ACCESO A LA JUSTICIA Y JUSTICIA DE PAZ
En el marco de las Cien Reglas
de Brasilia, el Poder Judicial se ha comprometido con las diferentes poblaciones en situación
de vulnerabilidad en construir, revisar
y supervisar la aplicación de los correspondientes mecanismos e
instrumentos, para constituirse en garante de su efectivo acceso a la justicia. La Comisión Permanente de Acceso
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad
es el órgano institucional rector y se encarga de diseñar políticas y lineamientos
institucionales para mejorar el acceso a la justicia
de estas poblaciones. Para poder afianzar esta labor,
debe articularse estratégicamente desde todos los ámbitos de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca (jurisdiccional,
auxiliar y administrativo) e
integrar, además, a representantes de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Jueces de Paz en el Distrito
Judicial de Cajamarca: Número: 480 Propuestas: Fortalecer y consolidar los
órganos de soporte de la justicia de paz y justicia intercultural
(ODAJUP e Instituto de Justicia Intercultural), con especial incidencia en temas de gestión y presupuesto, como el eslabón básico del sistema estatal de justicia, especialmente a los actores de la misma. Implementar el Registro Nacional
Especial de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias, en
cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley
29735, que regula el uso, preservación,
desarrollo, recuperación, fomento y
difusión de las lenguas originarias del Perú,
promoviéndose el
ejercicio de los derechos lingüísticos y derechos culturales de las personas pertenecientes a grupos étnicos,
por ejemplo, en coordinación con la Escuela de Lengua Quechua
de Chetilla. Perfeccionar las alertas en
casos de adulto mayor y de violencia familiar,
enfatizando los
resultados y avances en la ejecución de las sentencias judiciales, que finalmente garantice la tutela jurisdiccional efectiva. Promover y coordinar el
involucramiento de otras instituciones públicas y agentes en el proceso de desarrollo de una justicia
intercultural. Promover espacios de discusión y capacitación sobre la adopción
del enfoque intercultural en las decisiones del
Poder Judicial con indicadores claros de medición del aprendizaje e impacto. Promover medidas y actividades
para favorecer el goce efectivo del derecho de
acceso a la justicia de las personas
en condición de vulnerabilidad. Gestionar acciones para el
adecuado y eficiente funcionamiento del sistema de notificaciones en zonas rurales
y de difícil acceso. IV.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL, FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
El avance tecnológico, la actualización y/o creación de nuevo software,
así como la aparición de nuevos y modernos equipos supera con mucha rapidez nuestra realidad;
además, no podemos soslayar el impacto de la pandemia provocada por el virus COVID 19, cuyos estragos aún
vivimos, el cual nos ha enseñado que la adecuación del trabajo a nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) no es una necesidad sino una exigencia del mundo moderno y
globalizado en el cual nos desenvolvemos. Existen herramientas
tecnológicas que han llegado para quedarse, no cabe duda; sin embargo, la observación de su impacto
y funcionamiento son tareas constantes que no pueden descuidarse por la intrínseca evolución y modernización que las determina. Su aplicación eficiente al desarrollo de
las labores inherentes de este poder
del Estado, debe abordarse no solo a nivel jurisdiccional
sino también administrativo, con el objetivo integral de obtener mejores estándares de productividad y
eficiencia, el cual genere beneficio palpable traducido en la satisfacción del
ciudadano que acude, no solo en busca de tutela sino de todo servicio complementario que tenemos a nuestro cargo. De esta manera, el
fortalecimiento institucional implica el compromiso decidido de todos sus integrantes y una dirección consecuente con dichos fines; generar
e implementar buenas prácticas con estándares de atención con resultado, así como
la constante capacitación del talento humano permitirán optimizar
desarrollo de las funciones de cada actor en nuestra institución; no
obstante, debemos incidir
también en la importancia de relaciones sociales dentro de las oficinas, la trascendencia que adquiere -en una visión de gestión
corporativa- el sostenimiento del clima laboral óptimo, como
condiciones que coadyuven a construir o reforzar
el trabajo en equipo y con objetivos
comunes. La modernización institucional,
además de lo anotado, es decir, la gestión del
capital humano y tecnológico, debe implicar también la interconexión con otras entidades a fin de trabajar de manera
coordinada, unificando esfuerzos y compartiendo experiencias positivas que mejoren el desempeño como reflejo de la unidad del Estado, asimismo, una
impostergable gestión en infraestructura debe
alcanzar la ejecución de los proyectos que con larga data se vienen estructurando. NOTIFICACIONES FÍSICAS VS NOTIFICACIONES VIRTUALES POR AÑO
Si bien el empleo
de las notificaciones electrónicas se ha incrementado en los últimos años, aún es elevado el uso de la notificación física. RELACIÓN DE INMUEBLES PROPIOS
RELACIÓN DE INMUEBLES CEDIDOS:
ALQUILER DE INMUEBLES
Como se podrá advertir, la
inversión de presupuesto en alquiler de infraestructura para el funcionamiento de los distintos órganos jurisdiccionales
de nuestra Corte es elevada, lo que
determina la necesidad de gestionar de la manera más adecuada este importante aspecto. Propuestas:
Efectivizar gestiones ante los
gobiernos locales con miras a la obtención de
inmuebles para la
construcción de locales propios en las distintas provincias que conforman nuestro Distrito Judicial, así como la concreción los proyectos planificados. Operativizar y potenciar la
interconexión de las redes y servidores informáticos en las distintas
sedes judiciales a fin de articular el manejo efectivo
de la base de datos que se emplea en la prestación del servicio de administración de justicia. Fortalecer el soporte técnico
del SINOE a nivel distrital, mejorando la conectividad de los órganos jurisdiccionales ubicados en zonas de difícil acceso. Adecuar y optimizar el trabajo a
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC´s)
propugnando su aplicación eficiente en las labores inherentes a esta Corte, a nivel jurisdiccional y administrativo. Mejorar los estándares de
productividad y eficiencia de los servicios de la Corte Superior de Justicia, en beneficio y satisfacción del ciudadano como litigante y como usuario administrativo, capacitando el talento humano e implementando buenas prácticas
con estándares de atención con resultado. Analizar el funcionamiento de la actual organización administrativa con miras a diseñar
e implementar una reingeniería de procesos. Digitalización de procedimientos administrativos, simplificando trámites y acercando la información al ciudadano. Elevar propuestas de
modificación de los sistemas informáticos implementados con alcance nacional, elaboradas a través de la experiencia en
el desarrollo del despacho judicial,
con la participación activa y aporte del personal jurisdiccional, administrativo y magistrados integrantes de nuestra Corte. Brindar las condiciones técnicas
y logísticas para un mejor funcionamiento del expediente
judicial electrónico. Cumplir con
el cronograma
de implementación del Sistema Nacional
Especializado de Justicia para sancionar la violencia contra la mujer. Fortalecimiento de los Equipos Multidisciplinarios. |
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