Listado de resoluciones

HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO

La materialidad del delito queda demostrada mediante el protocolo de necropsia, el acta de recepción del cuerpo y la inspección criminalística, elementos que acreditan el fallecimiento por un disparo de arma de fuego en el tórax dentro de una habitación de hotel.

No se cumplió con el estándar necesario para enervar la presunción constitucional de inocencia al no haberse aportado prueba suficiente que genere certeza respecto a la autoría del delito incriminado.

En resguardo del principio de legalidad, solo corresponde declarar la culpabilidad de un agente cuando la hipótesis criminal ha alcanzado un grado de confirmación razonable, en atención a los elementos de juicio disponibles, lo que en autos no se ha producido.

DE OFICIO SE DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN

En el presente caso, a la fecha de audiencia donde se sometió a la conclusión anticipada del proceso, y la emisión de la sentencia conformada, la acción, se había superado en exceso el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal por el delito imputado.

En consecuencia, opera de pleno derecho el plazo liberatorio del tiempo, razón por lo que es legítimo declarar nula la sentencia en ese extremo, y declarar de oficio extinguida la acción penal por prescripción.

NO HABER NULIDAD EN LA PENA IMPUESTA

En cuanto a la pena impuesta, se tiene que el delito de fraude informático, previsto en el primer párrafo del artículo 8 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, prevee una pena no menor de tres ni mayor de ocho años, y en atención a lo establecido en los artículos 45 y 46 del Código Penal, al tenerse en cuenta la carencia de antecedentes penales del procesado, los principios de proporcionalidad, razonabilidad, así como la función preventiva y resocializadora de la pena, permiten graduar la pena en 4 años.

Aunado a lo anterior, se tiene que el sentenciado se acogió a la conclusión anticipada de los debates orales y por dicho concepto le corresponde una disminución de hasta de 1/7 de la pena concreta parcial, lo que daría como resultado una pena concreta final de tres años, cinco meses y cuatro días, de carácter efectiva.

RESUELVE: INAPLICAR, mediante la potestad constitucional de control difuso, la Ley N.° 32107 (denominada Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana), de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política de 1993.

Fundamentos destacados: 13. (…) es evidente que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, han coincidido que al existir graves violaciones de derechos humanos, la regla de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no se condiciona a la entrada en vigor de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, porque, como se dijo, es una norma imperativa del derecho internacional ius cogens, lo que ha desconocido la Ley N.° 32107, pese a que el artículo 27 de la Convención de Viena le impone que el derecho interno no puede contradecir al derecho internacional, que Nino lo sitúa en la tesis monista internacional, sin soslayar que la validez de la Constitución del 1993 se sienta en principios y razones supranacionales que comprometen a la jurisprudencia vigente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre ellos, a la misma Corte Interamericana. (…)

18. Lo expuesto pone de manifiesto que la jurisprudencia se opone a la reciente declaratoria de constitucionalidad de la Ley N.° 32107 por parte del actual colegiado del Tribunal Constitucional, adoptada por cuatro votos aplicado al caso en concreto. Este mismo criterio se encuentra respaldado por el Poder Judicial, que ha sostenido una postura similar, fundamentada en el principio de convencionalidad, en el Recurso de Nulidad N.° 1684-2022 del 23 de diciembre de 2025, relativo a graves violaciones de derechos humanos en el caso conocido como esterilizaciones forzadas.

DECISIÓN: 

DECLARARON FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación.

REVOCARON la sentencia contenida en la Resolución n.° 630, del 30 de abril de 2024, emitida por la Sala Penal Especial Superior de la Corte Superior de Justicia de Cañete, que condenó al referido acusado como autor del delito contra la Administración pública, en la modalidad de peculado de uso (artículo 388, primer párrafo, del Código Penal), le impuso dos años de pena privativa de libertad

suspendida por el periodo de prueba de un año (sujeta a reglas de conducta), ciento ochenta días-multa, inhabilitación por el plazo de cinco años y reparación civil por la suma de S/ 6000 (seis mil soles); con lo demás que contiene; y, REFORMÁNDOLA, lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal e IMPUSIERON la suma de S/ 2000 (dos mil soles) por concepto de reparación civil .

Conforme lo dispone el numeral 1 del artículo 406 del Código Procesal Penal, quien interpone un recurso tiene la posibilidad de desistirse antes de la emisión de la resolución sobre el grado. Por lo tanto, habiéndose cumplido con las formalidades de ley, la dimisión expresada por el impugnante de desistirse del recurso de apelación interpuesto deberá ser amparada y tenérsele por desistido del recurso impugnatorio interpuesto.

El a quo no ha desarrollado ninguna razón mínima por la cual se descarte las conductas de los imputados vistas desde la óptica de una contravención o antijuricidad de naturaleza civil, pese a que la propia Procuraduría Pública alegó en juicio oral los mandatos internos del Código de Ética del Ministerio Público y la Ley Orgánica de la Policía Nacional como normas rectoras de la conducta de sus funcionarios y que supuestamente habían sido contravenidas por los coimputados Palomino Sempertegui y Chávez Cuenca, lo que tampoco tuvo argumento o desarrollo desestimatorio.

DECISIÓN: 

APROBARON EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación interpuesto por el representante de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, contra el extremo que absolvió de la acusación fiscal a Ángel Zaid Palomino Sempertegui y Estephane del Carmen Chávez Cuenca, como autor y cómplice, respectivamente, del delito contra la Administración pública, en la

modalidad de obstrucción de la justicia, en agravio del Estado; y frente al extremo que absolvió a Ángel Zaid Palomino Sempertegui como autor del delito contra la Administración pública, en la modalidad de cohecho activo específico, en agravio del Estado.