CON DECLARACIÓN DE LIMA CULMINÓ CONGRESO SOBRE MEDIACIÓN PENAL JUVENIL EN ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Destacó los aportes  de jueces y juezas de las 33 cortes superiores de justicia, así como la experiencia y buenas prácticas de Chile, Costa Rica y España, como de las  instituciones públicas y sociedad civil, que brindan servicios en favor de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, y orientan la protección de los derechos de las víctimas. 

Por su parte, la jueza  Elvira Álvarez Olazábal, al dar la  bienvenida a la segunda jornada del congreso,  invocó al cambio de paradigmas para no ver al  adolescente en conflicto con la ley penal como único culpable, sino a  darse cuenta de su entorno y de las causas que lo indujeron al conflicto.

Los talleres se desarrollaron en la Academia de  la Magistratura,  con la metodología explicada por el juez Christian Hernández, con facilitadores de España, Costa Rica y Chile  y la participación de especialistas Alexis Cucho Jurado y Gina Aguirre Baneo de Tierra de Hombres.

En  el documento se exhorta al  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que  asigne más  defensores públicos para el área de Familia, a fin de garantizar la defensa a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal e implementar áreas especializadas para su defensa en la etapa inicial de las actuaciones judiciales.

 

También se pide crear más juzgados especializados en materia de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la Ley Penal, dotarlos de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes; garantizando la capacitación permanente a los operadores de justicia.  

Se propone que el adolescente en conflicto con la ley penal  tenga la oportunidad de dar su consentimiento libre y voluntario, de obtener información, asesoramiento, asistencia jurídica y de otros especialistas, de manera oportuna y directa, en su propio idioma y a través de un lenguaje claro y sencillo; bajo un enfoque de género e interculturalidad. 

Proponen que en la sustentación del requerimiento de internamiento preventivo, así como en la Audiencia de Esclarecimiento de los Hechos, se apliquen los principios que rigen el modelo procesal penal, en tanto no se modifique el Código de los Niños y Adolescentes y no entre en vigencia el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. 

Finalmente, proponen, entre otros, la aplicación de medidas socioeducativas en medio abierto, para el tratamiento diferenciado de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, cuando se trate de delitos que no revistan mayor gravedad. 

Firman la Declaración Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad; Ángel Romero Díaz, Coordinador Nacional de Enlace del Poder Judicial ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, y Christian Hernández Alarcón, Miembro de la Comisión de Mecanismos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol (MARC-TTD), en calidad de organizadores.

La jueza suprema Janet Tello destacó el apoyo de la organización  del Centro de Investigaciones del Poder Judicial, y la participación de jueces y juezas de familia de las 33 cortes del país.