CON DECLARACIÓN DE LIMA CONCLUYÓ EL PRIMER CONGRESO NACIONAL SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Como un sello de rotundo éxito, se firmó la Declaración de Lima al concluir el martes 29 el Primer Congreso Nacional sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad , en el cual se priorizan los derechos fundamentales de más de millón 600 mil peruanas y peruanos.

No más estigmatización ni exclusiones, las personas con discapacidad deben recibir la atención oportuna, digna y en igualdad de condiciones de accesibilidad en todos los procedimientos judiciales.

Así lo afirmó la Jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, al clausurar el Congreso ante unas 300 personas, que colmaron el auditorio del Sonesta Hotel El Olivar, San Isidro.

Previamente, recibió las actas de los encuentros distritales preparatorios del I Congreso Nacional sobre Discapacidad, así como las conclusiones de las cinco mesas de trabajo, en las cuales se analizaron la Convención sobre Discapacidad de Naciones Unidas y la normativa nacional favorable a este sector de población.

El proyecto de protocolo de Atención a las Personas con Discapacidad, presentado por la Corte de Puno, coorganizadora del Congreso, también fue tema de debate, por lo cual se llegó al consenso de proponerlo ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para su aplicación en las 33 cortes superiores de justicia del país.

El presidente de la Corte de Puno, Oscar  Fredy Ayestas Ardiles, dijo que el Protocolo de Atención de las personas con Discapacidad, de ser aprobado, se aplicará en todos los ámbitos de la administración de justicia, como un instrumento que garantice el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, ello en cumplimiento del Plan Nacional de Acceso a la Justicia , las 100 Reglas de Brasilia y la Convención sobre Derechos de las personas con Discapacidad.

La Declaración de Lima, de cinco puntos, también reafirma el compromiso de las instituciones presente en el Congreso, para implementar acciones concretas a fin de  terminar con la discriminación a las personas que sufren de alguna discapacidad física, sensorial e intelectual.

Se insta a no vulnerar los derechos de acceso a la justicia de estas personas, tal como recomendaron los expositores y expositoras nacionales e internacionales, como la enviada especial para la Discapacidad y Accesibilidad de las Naciones Unidas, María Soledad Cisternas Reyes (Chile).

Entre los conferencistas destacó el juez Edwin Béjar Rojas, del Cusco, quien a través de videoconferencia brindó su testimonio acerca de una sentencia sobre interdicción, que sentó precedente para que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual no puedan ser consideradas incapaces absolutos o relativos. Por esta razón para ellos no resulta aplicable (por inconstitucionales) los artículos 43, 44 y demás similares del Código Civil que regulan la interdicción y curatela.

También se exhorta al Poder Legislativo a efectuar modificatoria de normas jurídicas que limitan o anulan la autonomía de la voluntad de las apersonas que tienen discapacidad, y a eliminar terminologías peyorativas que afecten su dignidad.

José Castro Ortiz, representante de CONADIS y la magistrada Rita Valencia Dongo, expusieron buenas prácticas sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad, contándose como moderadores al juez supremo Carlos Calderón Puertas y Elvira Alvarez Olazábal. La metodología de los talleres fue expuesta por el juez superior de Puno, Hernán Layme Yépez.