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Al primer trimestre del presente año

IDENTIFICAN MÁS DE 900 CASOS DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y COMPORTAMIENTO ENTRE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

 Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial realiza dos seminarios sobre personas con discapacidad, uno de ellos sobre privados de libertad

Hasta el mes de abril del presente año han sido identificados 926 casos de personas con trastornos mentales y de comportamiento en los diferentes establecimientos penitenciarios del país, entre ellos 104 personas en calidad de inimputables.

 

Así lo señaló Lawrence Unda Díaz, comisionado del mecanismo independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación del Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, designado por la Defensoría del Pueblo.

 

El funcionario reveló estas cifras durante la conferencia magistral “Acceso a la justicia: discapacidad y privados de libertad”, organizado por la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi.

 

ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL

 

Unda Díaz señaló que, pese al nuevo enfoque comunitario para la atención de salud mental (acorde al modelo social y de derechos humanos de las personas con discapacidad), existe un estado de cosas inconstitucional sobre la situación de la salud mental para los privados de libertad en establecimientos penitenciarios.

 

Sostuvo que no obstante que el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2019, dispuso que los ministerios de Salud  y Justicia y Derechos Humanos tomen acciones para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la salud mental a los privados de libertad, aún existen deficiencias y no hay una atención adecuada.

 

Señaló, además, que hasta la fecha no han sido cumplidas las disposiciones dadas por otra sentencia del máximo órgano de control constitucional, en 2010, respecto a las medidas de seguridad e internamiento, así como para la declaración de inimputabilidad.

 

“Dictar medidas de seguridad e internamiento de larga estancia, con permanencia inadecuada en los recintos penitenciarios, vulnera derechos y no cumple con lo establecido por la normatividad vigente”, agregó el comisionado.

 

En la conferencia magistral, organizada conjuntamente con el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y la Unidad del Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal (UETI-CPP), también participó Julio Tejada Aguirre, juez superior de la Corte de Tumbes.

 

El magistrado trató sobre atención judicial, ajustes razonables y retos pendientes para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad privadas de libertad.

 

Asimismo la presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, Katherine Muñoz Subia, expuso sobre los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas con discapacidad.

 

SOBRE INCLUSIÓN

 

La referida ponente ecuatoriana participó, además, al día siguiente, en la conferencia “Estándares de atención que contribuyen con la inclusión de personas con discapacidad y una sociedad libre de discriminación”, realizada también en conjunto con el CAL y con la Municipalidad Distrital de Magdalena.

 

En ambas presentaciones, Muñoz Subia  remarcó que el Perú es referente en la región respecto a las políticas públicas adoptadas en favor de las personas con discapacidad.

 

Sostuvo, además, que los derechos de las personas con discapacidad exigen y demandan mucho más de los estados, en tanto que el  papel que desempeñan los jueces es trascendente para la protección de esos derechos.

 

Por su parte, el coronel PNP, José Luis Raposo, jefe de la División de Protección de Contra la Violencia Familiar, expuso sobre las acciones y estrategias para contribuir con la inclusión de las personas con discapacidad en Lima Metropolitana a través de ocho comisarías de familia.

 

Entre esas acciones y estrategias, precisó, figuran la implementación de rampas de acceso en las comisarías, la atención preferencial para esta población vulnerable, el acompañamiento en las diligencias de ley, la coordinación con otras entidades para asistir con personal especializado en lenguaje de señas y lengua nativa.

 

Finalmente, también con la capacitación al personal policial para brindar un trato digno y adecuado a las personas con discapacidad a fin de mejorar la calidad de los servicios policiales con un enfoque más inclusivo.

 

Lima, 25 de agosto de 2023