Al primer trimestre del presente año
IDENTIFICAN MÁS DE 900 CASOS DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y COMPORTAMIENTO ENTRE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial realiza dos seminarios sobre personas con discapacidad, uno de ellos sobre privados de libertad
Hasta el mes de abril del presente año han sido identificados 926 casos
de personas con trastornos mentales y de comportamiento en los diferentes establecimientos
penitenciarios del país, entre ellos 104 personas en calidad de inimputables.
Así lo señaló Lawrence Unda Díaz, comisionado del mecanismo independiente
encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación del Estado peruano
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, designado
por la Defensoría del Pueblo.
El funcionario reveló estas cifras durante la conferencia magistral
“Acceso a la justicia: discapacidad y privados de libertad”, organizado por la
Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad
del Poder Judicial que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi.
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL
Unda Díaz señaló que, pese al nuevo enfoque comunitario para la atención
de salud mental (acorde al modelo social y de derechos humanos de las personas
con discapacidad), existe un estado de cosas inconstitucional sobre la
situación de la salud mental para los privados de libertad en establecimientos
penitenciarios.
Sostuvo que no obstante que el Tribunal Constitucional, en una sentencia
del año 2019, dispuso que los ministerios de Salud y Justicia y Derechos Humanos tomen acciones
para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la salud mental a los privados
de libertad, aún existen deficiencias y no hay una atención adecuada.
Señaló, además, que hasta la fecha no han sido cumplidas las
disposiciones dadas por otra sentencia del máximo órgano de control
constitucional, en 2010, respecto a las medidas de seguridad e internamiento,
así como para la declaración de inimputabilidad.
“Dictar medidas de seguridad e internamiento de larga estancia, con
permanencia inadecuada en los recintos penitenciarios, vulnera derechos y no cumple
con lo establecido por la normatividad vigente”, agregó el comisionado.
En la conferencia magistral, organizada conjuntamente con el Colegio de
Abogados de Lima (CAL) y la Unidad del Equipo Técnico de Implementación del
Código Procesal Penal (UETI-CPP), también participó Julio Tejada Aguirre, juez
superior de la Corte de Tumbes.
El magistrado trató sobre atención judicial, ajustes razonables y retos
pendientes para garantizar el acceso a la justicia de las personas con
discapacidad privadas de libertad.
Asimismo la presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia de la
República del Ecuador, Katherine Muñoz Subia, expuso sobre los estándares
internacionales de protección de los derechos de las personas con discapacidad.
SOBRE INCLUSIÓN
La referida ponente ecuatoriana participó, además, al día siguiente, en
la conferencia “Estándares de atención que contribuyen con la inclusión de
personas con discapacidad y una sociedad libre de discriminación”, realizada
también en conjunto con el CAL y con la Municipalidad Distrital de Magdalena.
En ambas presentaciones, Muñoz Subia remarcó que el Perú es referente en la región
respecto a las políticas públicas adoptadas en favor de las personas con
discapacidad.
Sostuvo, además, que los derechos de las personas con discapacidad
exigen y demandan mucho más de los estados, en tanto que el papel que desempeñan los jueces es trascendente
para la protección de esos derechos.
Por su parte, el coronel PNP, José Luis Raposo, jefe de la
División de Protección de Contra la Violencia Familiar, expuso sobre las acciones
y estrategias para contribuir con la inclusión de las personas con discapacidad
en Lima Metropolitana a través de ocho comisarías de familia.
Entre esas acciones y estrategias, precisó, figuran la implementación de
rampas de acceso en las comisarías, la atención preferencial para esta
población vulnerable, el acompañamiento en las diligencias de ley, la
coordinación con otras entidades para asistir con personal especializado en lenguaje
de señas y lengua nativa.
Finalmente, también con la capacitación al personal policial para
brindar un trato digno y adecuado a las personas con discapacidad a fin de
mejorar la calidad de los servicios policiales con un enfoque más inclusivo.
Lima, 25 de agosto de
2023
