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En certamen de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial

INSTAN A INSTITUCIONES PÚBLICAS PERTINENTES CUMPLIR SENTENCIAS DE CIDH POR CASOS AZUL ROJAS Y CRISSTHIAN OLIVERA

 En declaración tras V Congreso Nacional e Internacional para Personas Víctimas de Discriminación y Violencia por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género.

El Poder Judicial, a través de la Comisión de Acceso a  la Justicia, instó a las instituciones públicas responsables cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para la reparación integral, simbólica y económica de las personas víctimas de discriminación y violencia por su condición LGTBQI, como en los casos Azul Rojas y Crissthian Olivera.

 

Fue a través de un pronunciamiento denominado Declaración de Lima, leído tras la realización del V Congreso Nacional e Internacional de Acceso a la Justicia para Personas Víctimas de Discriminación y Violencia por Motivos de Orientación Sexual e  Identidad de Género que organiza el Poder Judicial a través de la Comisión de Acceso a la Justicia.

 

Según la declaración deben cumplirse las obligaciones internacionales para actuar con la debida diligencia reforzada a fin de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las personas LGBTQI+.

 

En el mismo documento, también se pide erradicar prejuicios, costumbres y tipos de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados que legitiman o exacerban la violencia.

 

AZUL ROJAS VS. PERÚ

 

Como se recuerda, el caso Azul Rojas vs. Perú está referido a las agresiones sufridas sin motivo alguno contra Azul Rojas Marín, el 25 de febrero de 2008, cuando fue detenida, torturada y violada por agentes policiales, quien pese a denunciar los hechos, luego de varias instancias, se archivó su expediente.

 

Al respecto, Edith Arenaza, abogada del equipo de litigio estratégicos de Promsex, señaló en el congreso que, por primera vez, la Corte IDH realiza un pronunciamiento sobre la violencia sexual contra personas LGTBIQ+ como una forma de tortura debido a que se produce dentro de un contexto generalizado de discriminación.

 

En virtud de ello, el citado organismo supranacional ordenó al Estado peruano una serie de medidas, de las cuales, hasta la fecha, solo se han hecho efectiva tres: la publicación de la sentencia, el acto público de reconocimiento de responsabilidad y el pago de manera parcial de la indemnización.

 

Aún está pendiente juzgar y sancionar a los responsables de la violencia y tortura, la asistencia médica y psicológica para Azul Rojas, el pago total de la indemnización, así como la elaboración de un plan de capacitación para personal de la Policía, Fiscalía, Poder Judicial y serenazgo.

 

También está pendiente la elaboración de un protocolo de investigación y administración de justicia para los procesos penales en casos de personas LGBTI víctimas de violencia, aunque el Ministerio de Justicia ha conformado un equipo multisectorial para tal fin.

 

Sobre esto, el director de Derechos Humanos del referido ministerio, Edgardo Rodríguez Gómez, señaló que se ha instalado el grupo de trabajo que ha aprobado un plan de trabajo cuya primera medida ha sido realizar un mapeo de normas (nacionales e internacionales), documentos de políticas públicas y de experiencia comparada.

 

CRISSTHIAN OLIVERA VS. PERÚ

 

Del mismo modo, durante el congreso se presentó el caso Crissthian Olivera vs. Perú, para quien la Corte IDH ha dictado una sentencia histórica con el sustento de que “la demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales”.

 

Sobre este caso, la directora de Demus, Cynthia Silvia Ticllacuri, señaló que hubo una vulneración de derechos generada a raíz de un Estado que invisibiliza la existencia de vínculos familiares diferentes al modelo hegemónico y heteronormado.

 

Cabe recordar que, este caso está referido a hechos ocurridos el 11 de agosto del 2004, cuando Olivera estaba en las instalaciones del supermercado Santa Isabel con su pareja del mismo sexo, realizando gestos de afecto,

 

Ante la queja de otro cliente, el personal de la referida empresa solicitó al denunciante terminar sus muestras de afecto o, de lo contrario, retirarse del local.

 

Esta sentencia es la primera a nivel interamericano en la que se da la razón al denunciante por actos discriminatorios por orientación sexual de parte de una empresa en la relación de consumo.  

 

EXITOSO CONGRESO

Durante la segunda jornada del congreso, Susana Medina (Argentina), presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, disertó sobre una justicia desde la perspectiva e identidad de género y la orientación sexual.

 

Por su parte, Iván Chanis Barahona (Panamá), abogado internacionalista  y presidente fundador de la “Fundación iguales”, trató sobre el matrimonio igualitario.

 

Lima, 03 de julio del 2023