Para adolescentes en conflicto con la ley penal
INVOCAN ASIGNAR RECURSOS PARA FORTALECER PROYECTO DE JUSTICIA TERAPÉUTICA EN MENORES INVOLUCRADOS CON DROGAS
Poder Judicial lanza II fase de programa promovido por OEA, Embajada de Estados Unidos y el ETII del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
Nueve presidentes de
cortes superiores del país y la jueza suprema Janet Tello Gilardi invocaron al
Ejecutivo la asignación de recursos suficientes para ejecutar la Fase II del
proyecto “Apoyo al desarrollo y
fortalecimiento de los programas de Justicia Terapéutica para Adolescentes, con
consumo problemático de drogas, en conflicto con la ley penal en el Perú”.
Se trata de las máximas
autoridades judiciales de las cortes de Puente Piedra-Ventanilla, Callao, Lima,
Lima Este, Lima Norte, Ayacucho, Loreto, La Libertad y Huaura, quienes, a través de un acta de compromiso, respaldan de
manera decidida la pronta implementación de la segunda fase del referido
proyecto.
El acta fue suscrita durante
el lanzamiento del proyecto realizado hoy en el que participó Tello Gilardi, como
presidenta del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código de
Responsabilidad Penal del Adolescente (ETTI-CRPA), y funcionarios de la
Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos su representante en el
Perú, Miguel Ángel Trinidad.
En el documento, las
presidentas y presidentes de corte acordaron impulsar la capacitación
permanente de magistradas y magistrados competentes en los procesos de familia,
relacionados con adolescentes en conflicto con la ley penal, así como incorporar
los equipos multidisciplinarios y administrativos que apoyan a la mencionada especialidad.
También dieron su
compromiso para fortalecer una primera etapa del proyecto, correspondiente al
presente año, en Puente Piedra-Ventanilla, así como su expansión en los distritos
judiciales de El Callao, Lima Norte, Lima Centro y Lima Este, mientras que para
el 2024 hacer lo propio en Ayacucho, Loreto, La Libertad y Huaura.
Cabe señalar que este
proyecto es impulsado con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Embajada de Estados Unidos a través de su Sección de Antinarcóticos.
CIFRAS QUE ESTREMECEN
Tello Gilardi recordó
que el proyecto se inició en mayo del 2019 como plan piloto en la Corte de
Ventanilla con la finalidad de que juezas y jueces que juzgan procesos de adolescentes en
conflicto con la ley penal incorporen el tratamiento ‘desadictivo’ de forma
simultánea a la ejecución de la medida socio educativa impuesta, para lo cual
se aprobó una guía metodológica.
“Según esta guía, la
principal característica de la mayoría de las/los adolescentes que ingresan al
sistema de Justicia Penal Juvenil, es el consumo de drogas y alcohol, principal
factor de riesgo para una posible reincidencia, ya que todo consumo, legal o
ilegal, perjudica a los adolescentes, su familia y la comunidad”, remarcó.
La magistrada sostuvo
que el 2016, de los 1 mil 160 de los adolescentes que ingresaban a los centros
juveniles, 684 (59,0%) consumían algún tipo de drogas, la cifra se incrementó
de a 973 de 1 mil 722 (56,5%), en tanto que a marzo del presente año pasó de 1
mil 765 de 3 mil 331 adolescentes.
“Estas cifras nos
estremecen, puesto que un número importante de adolescentes que entran en
conflicto con la ley penal y que están ejecutando una medida socio educativa
dispuesta por un juez, sea de internamiento o en medio abierto, está creciendo”,
alertó.
En otro momento, Tello
Gilardi exhortó al Ejecutivo asignar los recursos para el inicio del Calendario
Oficial de Implementación del CRPA, postergado hasta en tres oportunidades por
carecer de los recursos para abrir la atención con el nuevo modelo procesal.
“Esto nos permitirá una
mejora sustantiva en el proceso, con las garantías, la forma y oportunidad que
los derechos de las y los adolescentes merecen”, subrayó la magistrada, quien
también es presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en
Condición de Vulnerabilidad.
SOBRE EL PROYECTO
Durante la ceremonia,
Gabriela Huayanay, coordinadora local del proyecto, señaló que la ejecución de
la Fase I empezó con capacitación, asistencia técnica y talleres sobre
monitoreo y evaluación, a través de programas piloto en Lima Centro y
Ventanilla, trabajo que continúa con el establecimiento de pilotos en otros distritos
judiciales y fiscales.
Señaló que los criterios
para escoger las zonas fue por su alto porcentaje de adolescentes que consumen
drogas y que los distritos judiciales respectivos cuentan con infraestructura adecuada, recursos
humanos necesarios, Servicios de Orientación al Adolescente (SOAs), Centros de
Salud Mental Comunitario y los programas de Justicia Juvenil Restaurativa del
Ministerio Público.
Finalmente, Miguel Ángel
Trinidad sostuvo que el proyecto piloto realizado en nuestro país es “ejemplar”
porque los adolescentes a los que está dirigido no son vistos como “objetos
sino como sujetos”.
Lima, 28 de agosto de
2023