A través de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables
PODER JUDICIAL RECHAZA DECISIÓN DE JUNTA MÉDICA DEL HOSPITAL DE LORETO DE NEGAR ABORTO TERAPÉUTICO A MENOR DE ONCE AÑOS PRESUNTAMENTE VIOLADA POR SU PADRASTRO
Maternidad forzada derivada de abuso sexual es una forma de tortura, señala grupo de trabajo judicial
El Poder Judicial, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la
Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, que preside la jueza
suprema Janet Tello Gilardi, expresó su rechazo a la decisión de la junta médica del Hospital Regional de Loreto de negar el aborto
terapéutico para ‘Mila’ (seudónimo), una niña de once años víctima de abuso
sexual por parte de su padrastro, en Iquitos.
Como se sabe, el pasado 3 de agosto, el Hospital Regional de Loreto determinó que la menor, quien lleva 18 semanas de gestación, continúe con el embarazo bajo el argumento de que los casos de violación no están incluidos dentro del protocolo del aborto terapéutico.
Tello Gilardi recordó que el riesgo de muerte de una menor de quince años por causas relacionadas al embarazo, tal como lo ha señalado el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se triplica con relación a quienes superan los veinte años.
“En ese sentido, el riesgo contra la vida de una niña de once años por complicaciones con el embarazo, cuyo cuerpo aún no está preparado para el alumbramiento, es incluso mucho más alto”, acotó la magistrada.
Señaló, también, que la maternidad forzada derivada de una violación
sexual es insegura, atenta contra la salud integral de la menor y constituye
una forma de tortura.
TOMAR EN CUENTA ‘CASO
CAMILA’
La magistrada invocó a las autoridades tomar en cuenta lo determinado en
junio pasado por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) respecto
al caso conocido como ‘Camila’, también por la negación al aborto terapéutico debido
a un embarazo de abuso sexual.
El CDN determinó que nuestro país había violado los derechos a la salud
y a la vida de una niña indígena y rural de 13 años, víctima de violación, al
no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
Asimismo, el comité estableció que el Estado Peruano tiene la obligación
de tomar medidas para evitar casos similares en el futuro, incluida la revisión
de su legislación nacional para garantizar la prevención de la violencia sexual.
“Las instituciones estatales deben garantizarle a Mila, y a todas las
niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, el acceso a los servicios de
salud y educación, así como el derecho al aborto terapéutico con procedimientos
médicos seguros, dentro de las 22 semanas de gestación, tal como establece el
protocolo”, señaló.
Finalmente, Tello Gilardi tomó a bien que los ministerios de Salud y de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables hayan trasladado a Lima a la menor afectada,
para evaluar su salud y analizar la restitución de sus derechos.
Lima, 10 de agosto de
2023