PODER JUDICIAL Y OEFA CAPACITAN A JUECES Y JUEZAS DE LA OROYA

• Curso virtual se desarrollará hasta el 20 de abril.

El Poder Judicial, a través de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dieron inicio al curso virtual “Fiscalización ambiental y valoración de la prueba en delitos ambientales”, el cual se encuentra dirigido a jueces y juezas de la zona de La Oroya y alrededores, así como a funcionarios ambientales de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA).

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por la señora presidenta del Poder Judicial, Dra. Elvia Barrios Alvarado, y la señora presidenta del Consejo Directivo del OEFA, Dra. María Tessy Torres.

Durante la misma, la Dra. Barrios señaló que “nuestro país cuenta con una gran riqueza minera, así como una gran diversidad de flora y fauna que ha dado lugar lamentablemente a una industria extractiva a grandes escalas”.

Asimismo, indicó que “es necesario mejorar la capacidad de respuesta y articular esfuerzos con los entes involucrados en la fiscalización, investigación, procesamiento y sanción de estas redes criminales”.

“El trabajo que realiza el OEFA contribuye a garantizar que las actividades económicas se desarrollen en equilibrio con el derecho de las personas de gozar de un ambiente sano y equilibrado en donde sus elementos actúen armónicamente”, resaltó Barrios Alvarado.

También estuvieron presentes en la sala de honor la Subdirectora de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental, Dra. Giovanna Hurtado Magan, la Coordinadora de la Academia de Fiscalización Ambiental del OEFA, Lic. Olinda Crisante, el Especialista Legal de la Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA, Dr. Jorge Llanos García, y el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, Sr. José Vásquez Sánchez.

El propósito de este curso es fortalecer las capacidades en temas relacionados a la fiscalización ambiental, tomando en cuenta los aspectos técnicos – legales que se deben considerar para su adecuada gestión integral en el marco de las investigaciones por delitos ambientales con un enfoque de derechos humanos ante cualquier decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con este.