CORTE DE LORETO CAPACITA A JUECES DE PAZ
ODAJUP
brinda capacitación en Función Notarial de Jueces y Juezas
Hoy, en el auditorio de la Corte Superior de
Justicia de Loreto, se capacitará a los jueces de paz de la región en Función
Notarial con motivo de la 3era Jornada de trabajo a cargo de la Oficina
Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP). La figura del juez de paz está
regulada por la Ley de Justicia de Paz (Ley N° 29824) y su reglamento, la cual establece
los requisitos para ser juez de paz, sus funciones, deberes, prohibiciones y
derechos.
En la citada jornada los
asistentes recibirán alcances de temas como competencias de los jueces de paz,
funciones notariales para la inscripción de comunidades campesinas, nativas y
rondas campesinas y escritura de transferencia posesionaria a cargo de
denotados juristas locales.
En el Perú, los jueces de paz son
elegidos por votación directa de los vecinos de la localidad en la que van a
desempeñar sus funciones, en el marco de lo establecido por la Ley N.º 29824,
según un proceso electoral que dicha ley pone expresamente a cargo de ODAJUP
previa convocatoria y conducción del proceso por el Poder Judicial. Quien
alcanza el cargo debe cumplir un rango de requisitos mínimos como ser mayor de
25 años, peruano de nacimiento, de buena reputación y sin antecedentes penales.
En la comunidad se realiza una asamblea comunal y tras la aprobación cuta de
los votos validados por la fiscalía y el Poder Judicial designa oficialmente al
juez de paz, quien jura el cargo ante un juez.
El empoderamiento de los jueces
de paz es de vital importancia, ya que no son profesionales en derecho, pero
juegan un papel crucial en la solución de conflictos a nivel comunitario y en
la facilitación de acceso a la justicia en áreas rurales y de difícil acceso.
Ofreciendo formación a jueces de paz y capacitación acerca de las regulaciones
legales establecidas, procesos y principios legales, entre ellos salvedad, y
proceso legal, así como destrezas en procesos de conciliación y mediación,
aumenta la legitimidad de sus juzgados y reduce los errores, violaciones de
leyes y desigualdad y fortalece la relación de la población con los juzgados.