JUZGADO DE PAZ LETRADO DE BARRANCA IMPONE SIETE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA POR INVESTIGACIÓN DE DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
Medida fue dictada por la magistrada Auria Andrea Vilchez Navarro, en
adición a sus funciones como Jueza de Investigación Preparatoria y del Nuevo
Código Procesal Laboral de Datem del Marañón
La magistrada Auria Andrea Vílchez
Navarro, magistrada encargada del Juzgado de Paz Letrado de Barranca, en adición a sus funciones como
Juzgado de Investigación Preparatoria y del Nuevo Código Procesal Laboral de
Datem del Marañón, declaró fundado
en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por el
Ministerio Público contra Segundo Mamerto Pilco Pérez investigado por la
presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de
tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una
menor de 15 años.
La decisión fue adoptada mediante Resolución
de fecha 8 de agosto de 2026, luego de desarrollarse una audiencia
privada en la que se evaluaron los presupuestos establecidos por el artículo
268° del Código Procesal Penal, así como los criterios de proporcionalidad y
duración de la medida.
De acuerdo con la resolución judicial, el órgano jurisdiccional consideró que
existen graves y fundados elementos de
convicción que vincularían al investigado con los hechos materia de
imputación. Entre los elementos valorados se encuentran la declaración de la
menor agraviada en entrevista única, testimonios, actas policiales, una ficha
de valoración de riesgo y un informe psicológico, entre otros elementos
incorporados durante la investigación.
Si bien el Ministerio Público solicitó nueve
meses de prisión preventiva, el juzgado resolvió declarar fundado en parte el requerimiento
fiscal e imponer siete meses de prisión
preventiva al investigado, medida que se computa desde el 5 de agosto de
2026 y vencerá el 5 de marzo de 2027, disponiéndose además su internamiento en
el establecimiento penitenciario correspondiente.
La Corte Superior de Justicia de Loreto reafirma, a través de sus órganos
jurisdiccionales, su compromiso con una administración de justicia oportuna,
independiente y respetuosa de las garantías del debido proceso, especialmente en
aquellos casos que involucran a adolescentes en condición de vulnerabilidad.
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