PRESIDENTE DE LA CORTE DE LORETO, PROPUSO MEDIDAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESHACINAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE VARONES DE LORETO
El hacinamiento en los establecimientos penitenciarios es uno
de los desafíos más complejos para el sistema de justicia en nuestro país. Conversamos
con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto para conocer las
acciones inmediatas y coordinadas que se están implementando para abordar esta
problemática en la región.
El presidente de la corte, Reynaldo Cajamarca Porras,
agradeció la oportunidad de informar a la ciudadanía loretana sobre el trabajo
que vienen desplegando desde la Corte Superior de Justicia de Loreto con el
Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio Público, y la Defensa
Pública.
Señor presidente, para lograr un deshacinamiento efectivo no
basta con la intención judicial; se requiere de una labor técnica en el penal.
¿Cómo se está coordinando con el penal de varones de Loreto en el armado de
expedientes?
“Así es, este es un esfuerzo conjunto de articulación
institucional, es así que el último viernes 11 de setiembre, se sostuvo una
importante reunión, luego de haber visitado el penal de varones a solicitud del
delegado del pabellón 2, donde recibí quejas de internos por el retraso y
negativa en elaborar sus expedientes de beneficios penitenciarios; y ya en la
reunión interinstitucional es que propuse, que el equipo multidisciplinario del
penal de varones de Loreto -integrado por abogados, psicólogos y trabajadores
sociales- arme de oficio los expedientes de beneficios penitenciarios de
aquellos internos que ya se encuentren expeditos legalmente. Esto significa que
los del Inpe, no esperen a que el interno o su defensa privada o pública gestionen
el trámite; sino que el propio equipo técnico debería identificar de forma
proactiva a quienes cumplan con los plazos, la conducta y los requisitos de ley
para elevar sus carpetas a los juzgados que correspondan”.
Una vez que esos expedientes armados de oficio llegan al
Poder Judicial, el temor suele ser el embotellamiento de causas. ¿Qué medida
concreta ha adoptado la Corte Superior para resolver estas solicitudes con
celeridad?
“Hemos tomado una medida de gestión judicial clave, un
juzgado penal unipersonal se encargará específicamente de resolver las
solicitudes de beneficios penitenciarios, y este juzgado agendará las
audiencias desde el mes de noviembre y así sostenidamente. Al concentrar y
especializar la atención en este juzgado, garantizamos la celeridad procesal.
Los jueces revisarán y resolverán cada caso con la inmediatez que exige la
norma, garantizando un debido proceso”.
Dentro de estas medidas de deshacinamiento también se habla
del uso de la tecnología. ¿Cómo se aplicará la figura del grillete electrónico
en la región?
“La implementación de la vigilancia electrónica personal, o
grillete electrónico, constituye una alternativa sumamente valiosa frente a la
privación de la libertad en un establecimiento penitenciario. El uso del
grillete permite ejercer un monitoreo estricto mediante localización en tiempo
real por GPS, logrando que el procesado o sentenciado cumpla la medida fuera
del recinto carcelario, liberando capacidad instalada sin descuidar la
seguridad ciudadana; en ese entendido propuse al Inpe, realice las gestiones
pertinentes, a efectos de concretizar con seriedad el deshacinamiento. Esto
liberará espacio valioso dentro de las instalaciones y facilitará una
reintegración progresiva y controlada a la sociedad”.
Presidente de la CSJ de Loreto: Que otras medidas concretas
considera que los del Inpe, debe realizar como parte del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos?. “Los del Inpe, muy bien puede gestionar vía indulto común para
ciertos delitos que ya tienen sentencia, y sobre ello ya existe precedentes,
así que, si se quiere abordar seriamente el deshacinamiento, deben recurrir a
dichas instancias para la consecución de las gracias presidenciales”.
¿Se dice que se agendan audiencias
para los beneficios penitenciarios y se hacen en reiteradas sesiones de
audiencias, y que faltan copias de sentencias, y que los jueces meten a las
cárceles fácilmente? “El beneficio
penitenciario (como la liberación condicional o la semi-libertad) implica
revisar si una persona sentenciada está lista para reincorporarse a la
sociedad. No es un trámite automático; requiere verificar informes
psicológicos, sociales y de conducta. Si una audiencia se suspende o requiere
más de una sesión, es para actuar pruebas indispensables, escuchar el informe
oral del equipo multidisciplinario del Inpe, o permitir que la Fiscalía exponga
su posición. Interrumpir o resolver apresuradamente una audiencia sin contar
con todos los elementos violaría el debido proceso. Respecto a los faltantes de
copias de sentencias en los expedientes, que tiene que subsanarse
inmediatamente mediante el sistema informático, y para ello se acordó que la
coordinación lo realicen con la administradora del módulo penal. Por otro lado,
nuestro Código Procesal Penal exige requisitos altísimos y estrictos para
privar de libertad a alguien antes de una sentencia (fundados elementos de
convicción, prognosis de pena superior a 5 años y peligro procesal de fuga u
obstaculización). Las penas privativas de libertad las fija la ley, no el
criterio subjetivo del juez. El juez no "mete a la cárcel" por
voluntad propia, sino que aplica los marcos normativos aprobados por el
Congreso de la República para sancionar los delitos probados tras un juicio
oral”.
Señor presidente, para finalizar, hay sectores de la opinión
pública que temen que las políticas de deshacinamiento generen impunidad. ¿Qué
garantías existen para la sociedad?. “Comprendo la inquietud de la población,
pero debemos ser categóricos, el deshacinamiento no es impunidad; es
cumplimiento estricto de la ley y justicia restitutiva. Cada beneficio
penitenciario otorgado por el juzgado unipersonal responderá a un análisis
riguroso de las evaluaciones del equipo multidisciplinario del Inpe. No se
trata de abrir las puertas de forma indiscriminada. Acceden a estos beneficios
únicamente quienes han demostrado un proceso real de rehabilitación, cumplen
con los plazos legales y no representan una amenaza para la comunidad”.