JUZGADO DE FLAGRANCIA DE ICA DICTA NUEVE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA INVESTIGADO POR PRESUNTA VIOLACIÓN SEXUAL
El Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte
Superior de Justicia de Ica dictó nueve meses de prisión preventiva contra
Yerson Alejandro Ordoñez Vega, investigado por la presunta comisión del delito
contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, en agravio de
una persona de identidad reservada de iniciales M.S.C. (57).
La medida
coercitiva fue dispuesta por la jueza Ángela Carolina García Vivanco, durante
la audiencia realizada el 26 de junio de 2026, luego de evaluar los argumentos
expuestos por el representante del Ministerio Público y la defensa técnica del
investigado, concluyendo que concurren los presupuestos previstos en el
artículo 268 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia aplicable para
imponer la medida de prisión preventiva.
Según la
tesis fiscal, el investigado alquiló una habitación en un inmueble ubicado en
la ciudad de Ica y, posteriormente, habría aprovechado la confianza de la
propietaria para ingresar por la fuerza a otra habitación del mismo inmueble,
donde presuntamente la agredió física y sexualmente. Tras los pedidos de
auxilio de la agraviada, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal
de Serenazgo acudieron al lugar e intervinieron al investigado en presunta flagrancia
delictiva.
Concluido el
debate, el juzgado declaró fundado el requerimiento formulado por el Ministerio
Público e impuso al investigado la medida de prisión preventiva por el plazo de
nueve meses, computados desde el 24 de junio de 2026 hasta el 23 de marzo de
2027. Asimismo, dispuso su internamiento en el establecimiento penitenciario
que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La Corte
Superior de Justicia de Ica precisa que esta decisión corresponde a una medida
cautelar de naturaleza procesal, destinada a garantizar el adecuado desarrollo
de la investigación y la presencia del investigado durante el proceso penal,
sin que ello implique un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal, la
cual será determinada conforme al debido proceso.