JUZGADO DE FLAGRANCIA IMPONE NUEVE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA POR PRESUNTA ESTAFA Y BANDA CRIMINAL
La
magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, jueza del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó nueve
meses de prisión preventiva contra Deyfred Javier Sánchez Mijares,
investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la
modalidad de estafa y del delito contra la paz pública – banda criminal, en
agravio de Cristian Román Valdivia Siguas, representante de la empresa Ica
Solar Energy S.R.L.
La medida
coercitiva fue emitida el 29 de noviembre de 2025, durante la audiencia
de prisión preventiva, luego de que la magistrada escuchara y evaluara los
fundamentos del Ministerio Público y de la defensa técnica del imputado, así
como la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del
Código Procesal Penal.
Según el
requerimiento fiscal, el 24 de noviembre, la empresa Ica Solar Energy
S.R.L. recibió una llamada de un sujeto que se identificó como José Luis
Marreros Arias, quien solicitó paneles solares y otros equipos, enviando un
presunto comprobante de pago. La mercadería, valorizada en S/ 10,000,
fue retirada en Ica por Juan Bautista Rojas en el vehículo de placa W55-746.
El 25 de
noviembre, el mismo supuesto comprador solicitó nuevos equipos por S/
8,400, que fueron recogidos nuevamente por la misma persona. Al verificar
los depósitos, el representante de la empresa descubrió que ninguna
transferencia había ingresado a su cuenta, por lo que advirtió estar frente a
una posible modalidad de estafa previamente denunciada por otros comerciantes.
Ante ello,
se coordinó una entrega controlada en la ciudad de Lima, donde la Policía
intervino a Deyfred Javier Sánchez Mijares, quien iba a recibir la
mercadería. Las diligencias policiales dieron cuenta de denuncias similares
vinculadas a los mismos nombres y al mismo modus operandi, lo que hace presumir
la existencia de un grupo de personas que actuaría de forma organizada para
cometer este tipo de estafas.
La
resolución judicial ordena el internamiento del investigado en el
establecimiento penitenciario que el INPE designe, medida que regirá desde el 26
de noviembre de 2025, fecha de su detención, hasta el 25 de agosto de
2026, con el fin de asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso
penal.
Con esta
decisión, la Corte Superior de Justicia de Ica reafirma su compromiso
institucional con la lucha contra los delitos patrimoniales y la criminalidad
organizada, garantizando la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y
el cumplimiento de la ley.