JUZGADO DE FLAGRANCIA ORDENA NUEVE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA POR PRESUNTO SECUESTRO EN TENTATIVA Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO
La
magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, jueza del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó nueve
meses de prisión preventiva contra Manuel Eduardo Ramos Casma,
investigado por el presunto delito contra la libertad en la modalidad de violación
de la libertad personal – secuestro en grado de tentativa, en agravio de la
menor de iniciales M.N.Y.L. (09), representada por su madre Inna
Yurico Loayza Morales.
Asimismo, el
investigado afronta cargos por el presunto delito de violación de domicilio,
en agravio de Carmen Adelaida Santaria Ccollccane. La medida coercitiva
fue emitida el 2 de diciembre de 2025, luego de que la magistrada
evaluara los argumentos del Ministerio Público y de la defensa técnica, así
como la concurrencia de los presupuestos previstos en el artículo 268 del
Código Procesal Penal.
De acuerdo
con el requerimiento fiscal, el 30 de noviembre de 2025, Ramos Casma
habría intentado secuestrar a la menor M.N.Y.L. cuando esta se dirigía a
una tienda en el AAHH Ollanta Humala. El imputado la habría interceptado y
sujetado del brazo con la aparente finalidad de llevarla a otro lugar; sin
embargo, la menor logró escapar y pedir auxilio.
Tras este
hecho, el investigado habría continuado su desplazamiento e ingresado sin
autorización a una vivienda del mismo asentamiento humano, donde se encontraba
el menor Y.Q.S. Este enfrentó al intruso y le pidió que se retirara,
ante lo cual el imputado salió inicialmente del inmueble.
Minutos
después, Ramos Casma habría intentado ingresar nuevamente aprovechando una
ventana dañada, lo que generó alarma en el menor. Al pedir ayuda a su padre y a
los vecinos, estos lograron ubicar e intervenir al imputado en un arenal
cercano, reconociéndolo como la misma persona que momentos antes intentó
llevarse a la menor M.N.Y.L.
La
resolución judicial ordena el internamiento del investigado en el
establecimiento penitenciario que designe el INPE, medida que regirá
desde el 30 de noviembre de 2025, fecha de su detención, hasta el 29
de agosto de 2026, con el propósito de asegurar el normal desarrollo del
proceso penal.
Con esta
decisión, la Corte Superior de Justicia de Ica reafirma su compromiso
con la protección de niñas, niños y adolescentes, así como con la defensa de
los derechos fundamentales de las víctimas de violencia.