Con el objetivo de establecer disposiciones que regulan la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Requisitorias a fin de brindar información confiable y oportuna sobre las órdenes de captura, mandatos de detención, impedimentos de salida del país y las resoluciones judiciales de homonimia, el Poder Judicial implementará desde este 24 de enero el Registro Nacional de Requisitorias en 30 órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del Santa.

Así lo informó el titular de esta sede judicial, Dr. Carlos Alberto Maya Espinoza quien destacó la importancia de este sistema, pues constituye una herramienta de información que sirve de apoyo a la actividad de los órganos jurisdiccionales y cuya data puede ser compartida con las instituciones públicas de acuerdo al ámbito de sus competencias.

El Registro Nacional de Requisitorias registra a través de un sistema automatizado de información, las órdenes de captura, mandatos de detención e impedimentos de salida del país de quienes se encuentran sometidos a proceso judicial, así como, las declaraciones judiciales de homonimia, cuya información proviene de los órganos jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia del Poder Judicial.

De acuerdo a lo que establece el reglamento las requisitorias tendrán una vigencia de seis meses, computadas a partir de la fecha en que se dicta la resolución, la cual deberá coincidir con la fecha de los oficios que se emitan al Registro Distrital de Requisitorias. La vigencia de las requisitorias para los casos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo no caduca hasta la detención y juzgamiento de los requisitoriados. Los impedimentos de salida del país tendrán vigencia en tanto que no sean modificados o dejados sin efecto por otra resolución judicial de igual o mayor jerarquía.

En su primera fase, se implementará en los Juzgados Especializados Penales y en los Juzgados Mixtos, considerándose la inscripción, modificación y levantamiento de la requisitoria, lo cual será notificado a la Policía Nacional del Perú a través de su casilla. Su aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las dependencias administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial a nivel nacional.