Responsabilidad también alcanzaría a funcionarios por otorgar permisos de manera indebida, advierte Poder Judicial

Cuando ocurran muertes durante la celebración de yunzas, aunque no exista intención de causarlas, los organizadores de estos eventos populares, así como las autoridades que otorgan los permisos de manera indebida, podrían ser procesados por homicidio culposo al no haber evitado esas desgracias.

Así lo señaló el juez del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Luis Del Carpio Narváez.

“Estos eventos como parte de carnavales no se realizan de manera espontánea, siempre hay un comité que los organiza, con autorización y anuencia de autoridades políticas o municipales, y si estas autoridades no han previsto accidentes, pueden ser procesados por delito de homicidio culposo”, afirmó.

Precisó el magistrado que, de acuerdo al ordenamiento penal, la muerte dolosa ocurre cuando hay voluntad o intención de causarla. En tanto que, el homicidio culposo no requiere la intención de causar el daño, el de afectar la vida.

“Si la muerte se produce al no darse un deber de cuidado, de no haberlo evitado, la Fiscalía puede imputar el delito de homicidio culposo sobre quienes tendrían la responsabilidad de que eso no ocurra”, indicó.

Explicó Del Carpio Narváez que los delitos culposos pueden ser sancionados hasta con un máximo de dos años de pena privativa de la libertad --a diferencia de los dolosos que pueden llegar hasta los 20 años de cárcel--, inhabilitación y reparación civil, aunque si hay otras circunstancias, podría incrementarse cuando se afecta, por ejemplo, a un mayor número de víctimas.

De ese modo, sostuvo que las yunzas al ser organizadas por un comité de fiestas, “es evidente que la principal responsabilidad (en caso de muertes o lesiones) debería recaer sobre los organizadores, que saben que los participantes van a libar licor y asistirán ancianos niños; por lo que deben prever ello”.

“En estos casos, debemos recurrir a la jurisprudencia y a la propia ley para determinar el delito. Corresponderá a la Fiscalía en la investigación sobre quién o quiénes alcanza el grado de responsabilidad”, señaló.

Lima, 27 de febrero de 2024