Janet Tello Gilardi afirma que la justicia no puede ignorar barreras geográficas, culturales y lingüísticas

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, inauguró la nueva sede de la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva con Enfoque Intercultural, en Amazonas, acto que calificó como un hito histórico que permitirá brindar un servicio de justicia célere, articulado y efectivo en favor de las poblaciones más alejadas del país.

“Esto significa que estamos dando respuesta a una necesidad muy concreta: que, frente a un delito cometido en situación de flagrancia, el Estado actúe de manera rápida, articulada y especializada, teniendo en cuenta la diversidad de los pueblos que conforman el departamento de Amazonas, especialmente en Bagua y Utcubamba”, destacó la titular de la institución.

La magistrada hizo esta aseveración al recordar que la zona enfrenta graves problemas de violencia física, psicológica y sexual, la trata de personas, así como también la minería ilegal.

Al respecto, señaló que estos delitos no solo demandan una respuesta rápida y especializada, sino también que los servicios de justicia comprendan y atiendan la realidad de las personas y comunidades involucradas.

Explicó que, para lograr este objetivo, se dispuso que la Unidad de Flagrancia Delictiva incorpore el enfoque intercultural, a fin de superar barreras geográficas, culturales y lingüísticas para brindar protección directa y oportuna a la población indígena u originaria.

A través de esta iniciativa, se responderá con firmeza ante el crimen, mediante la resolución célere de los procesos y el trabajo articulado del Poder Judicial con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Defensa Pública en un único espacio.

CULTURA Y LENGUAS

Tello Gilardi afirmó que esta localidad presenta una diversidad de culturas, lenguas y formas de organización comunitaria, aspectos que deben ser considerados al momento de emitir una sentencia.

“La justicia no puede llegar tarde, pero tampoco puede desconocer el contexto cultural y lingüístico de quienes necesitan protección y justicia. Una justicia que aspira verdaderamente a ser accesible no puede ignorar las barreras geográficas, culturales y lingüísticas que pueden enfrentar las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y originarios”, dijo.

TRABAJO CONJUNTO

Por otro lado, destacó el lado humano de esta inauguración, concretada gracias al esfuerzo de diversas instituciones que unen capacidades para combatir la delincuencia común y la criminalidad organizada en beneficio de la ciudadanía.

Ante ello, expresó su agradecimiento a la Municipalidad Provincial de Bagua, al Gobierno Regional de Amazonas y a la Corte Superior de Justicia de Amazonas por articular esfuerzos para hacer realidad la construcción de la nueva unidad de flagrancia.

“Esta nueva sede representa mucho más que una infraestructura, representa el fortalecimiento de una unidad que ya viene funcionando y que hoy asume un nuevo desarrollo para ser más cercana al territorio, más sensible a su diversidad y más preparada para responder a sus particulares necesidades”, manifestó.

Asimismo, renovó el compromiso del Poder Judicial de asegurar la celeridad procesal y la plena defensa de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.

Afirmó que el objetivo central es que la población comprenda las actuaciones policiales, fiscales y judiciales, sea escuchada en su propia lengua y reciba un trato digno e inclusivo durante todo el proceso.

MEDIDAS CONCRETAS

Por último, explicó que esta etapa contempla mecanismos de adecuación lingüística, participación de intérpretes y una fluida coordinación con las autoridades comunales como primeros articuladores en la preservación de evidencias y derivación de casos.

Todo ello bajo una premisa fundamental: el respeto de la autonomía, las competencias y la identidad de cada una de las instituciones y jurisdicciones que intervienen en el sistema.

La inauguración contó con la presencia del presidente de la Corte de Amazonas, Norberto Cabrera Barrantes; los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado; el consejero Carlos Zavaleta Grández, así como otras autoridades civiles y representantes de las comunidades.

Lima, 2 de octubre de 2026