Oralidad civil, certificada como Buena Práctica en Gestión Pública
- Reforma impulsada por el Poder Judicial fue reconocida en 2025 por Ciudadanos al Día.
La iniciativa de la oralidad civil, impulsada por el Poder Judicial a nivel nacional, cuenta con la certificación de Buena Práctica en Gestión Pública, otorgada por la asociación civil Ciudadanos al Día (CAD), en la categoría Simplificación de Trámites, en el marco del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2025.
Esta certificación fue obtenida tras un riguroso proceso de evaluación desarrollado por el Equipo Técnico del Premio, conformado por 57 profesionales en gerencia, consultoría, organismos públicos y gestión pública, quienes realizaron un análisis técnico, apolítico e imparcial de la información presentada. Como resultado, la iniciativa de la oralidad civil cumplió con los criterios de efectividad, eficiencia e innovación en la solución de un problema público.
El reconocimiento como Buena Práctica en Gestión Pública constituye un respaldo institucional a la reforma procesal civil y ratifica que la oralidad civil es un modelo transformador con resultados concretos en beneficio de la ciudadanía. Su implementación ha permitido agilizar los procesos judiciales, modernizar el trabajo de los despachos y ofrecer una atención más cercana y transparente al ciudadano, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza en el Poder Judicial.
Asimismo, la oralidad civil se proyecta como una experiencia con potencial de ser replicada en otras materias jurisdiccionales, en línea con los esfuerzos de modernización del sistema de justicia.
Esta certificación reconoce también el esfuerzo sostenido de los jueces y el personal jurisdiccional y administrativo que hacen posible la aplicación del modelo de oralidad civil a nivel nacional.
La oralidad civil es una reforma impulsada a través del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, presidido por el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra. Iniciada en 2018, la implementación del modelo ha avanzado de manera progresiva y, desde 2024, se encuentra presente en las 34 Cortes Superiores de Justicia del país que tramitan procesos civiles. El sistema agrupa actualmente a 216 salas y juzgados a nivel nacional, con 304 jueces comprometidos con esta iniciativa.
