Oralidad civil en segunda instancia es reconocida como Buena Práctica Judicial
- Experiencia fue distinguida como una de las ganadoras de la II Convocatoria Nacional de Buenas Prácticas Judiciales, organizada por la Asociación de Buenas Prácticas Judiciales (ABPJ).
El Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil obtuvo un importante reconocimiento con la distinción otorgada a la aplicación de la oralidad en los procesos civiles en segunda instancia, experiencia que fue seleccionada como una de las Buenas Prácticas Judiciales ganadoras de la II Convocatoria Nacional de Buenas Prácticas Judiciales, organizada por la Asociación de Buenas Prácticas Judiciales (ABPJ).
La buena práctica, presentada por el ETII Oralidad Civil con el apoyo del juez superior Carlos Polanco Gutiérrez, pone en valor el modelo oral impulsado por el Poder Judicial, al demostrar cómo la aplicación de esta metodología en las salas civiles transforma el trámite de la apelación en un proceso más ágil, transparente y centrado en el debate entre las partes.
Antes de la implementación de este modelo, los informes orales constituían, en muchos casos, una formalidad sin un verdadero intercambio de argumentos y las decisiones podían tardar hasta tres meses después de realizada la audiencia. Con la oralidad civil, el debate se concentra en los aspectos realmente controvertidos del recurso de apelación y, al finalizar la audiencia, el colegiado delibera y comunica el sentido de su decisión junto con sus principales fundamentos, evitando decisiones sorpresivas y fortaleciendo el derecho de defensa.
Los resultados evidencian el impacto positivo de esta metodología. La duración promedio de los procesos en las salas civiles que aplican la oralidad alcanza un máximo de 139 días, frente a los 218 días que registra el trámite tradicional. Además de reducir significativamente los tiempos de resolución, el modelo permite que las partes conozcan el resultado del proceso al concluir la audiencia, promueve un debate jurídico más efectivo entre los abogados y el colegiado, y contribuye a disminuir nulidades y actuaciones innecesarias, mejorando la eficiencia del servicio de justicia.
Uno de los aspectos más relevantes de esta buena práctica es su carácter replicable. Su aplicación se sustenta en el Protocolo "Actuación en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral", aprobado mediante la Resolución Administrativa N.° 000426-2025-CE-PJ, que regula la aplicación de la oralidad civil a nivel nacional. Este protocolo forma parte del marco normativo del modelo que viene implementando el Poder Judicial en todo el país a través del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, encargado de promover y supervisar esta reforma.
