Poder Judicial obtiene certificación de Buena Práctica en Gestión Pública 2026 por protocolo que descongestiona expedientes civiles inactivos
- La certificación, otorgada por Ciudadanos al Día (CAD), reconoce una iniciativa impulsada por el ETII Oralidad Civil para mejorar la gestión de los procesos civiles.
El Protocolo de Gestión de Archivo Definitivo de Procesos Judiciales Civiles, impulsado por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil del Poder Judicial, obtuvo la certificación de Buena Práctica en Gestión Pública 2026, otorgada por la organización Ciudadanos al Día (CAD).
El reconocimiento respalda el trabajo que viene desarrollando el ETII Oralidad Civil, presidido por el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, para fortalecer la gestión de los procesos civiles mediante herramientas innovadoras que contribuyen a una justicia más eficiente y orientada al ciudadano.
La certificación fue otorgada a la postulación "Justicia descongestionada para una gestión eficiente orientada al ciudadano", presentada en la categoría Sistemas de Gestión Interna, la cual reconoce una solución que ha permitido reducir la acumulación de expedientes paralizados y optimizar la gestión de los órganos jurisdiccionales civiles.
Atención de problemática
La práctica reconocida responde a una problemática que durante años ha acompañado a la administración de justicia: la permanencia de miles de expedientes sin movimiento por falta de impulso de las partes. Esta situación mantiene procesos inactivos en los despachos judiciales, incrementa la carga procesal y limita la capacidad de atención de los casos activos.
Para enfrentar este problema, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la Resolución Administrativa N.° 000262-2025-CE-PJ, mediante la cual se implementó el Protocolo de Gestión de Archivo Definitivo de Procesos Judiciales Civiles. Este instrumento establece un procedimiento uniforme que permite al juez actuar de oficio cuando un proceso permanece inactivo por más de seis meses.
En estos casos, el órgano jurisdiccional requiere a las partes para que, en un plazo de tres días hábiles, manifiesten su interés en continuar el proceso. De no existir respuesta, se dispone el archivo definitivo del expediente, permitiendo liberar recursos humanos, físicos y tecnológicos para concentrar los esfuerzos en los procesos que sí requieren actividad jurisdiccional.
Innovación con impacto
Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es que fue diseñada e implementada sin generar costos adicionales para el Estado, aprovechando el conocimiento técnico del personal del Poder Judicial y las herramientas del Sistema Integrado Judicial (SIJ).
Asimismo, fortalece la transparencia en la gestión judicial al establecer criterios objetivos para el archivo de expedientes y garantizar la trazabilidad digital de cada actuación en el Sistema Integrado Judicial. A ello se suma la participación del Programa de Voluntariado Judicial, cuyos estudiantes apoyan en las labores de identificación y clasificación de procesos paralizados durante la implementación de la práctica.
Certificación
La certificación de Buena Práctica en Gestión Pública acredita que la iniciativa superó una evaluación técnica basada en criterios como innovación, eficacia, sostenibilidad, replicabilidad y beneficio para la ciudadanía. Este reconocimiento destaca las experiencias que ofrecen soluciones concretas a problemas de la gestión pública y que pueden convertirse en referentes para otras instituciones.
Con esta distinción, el Poder Judicial, a través del ETII Oralidad Civil, reafirma el compromiso con la modernización de la justicia civil, impulsando herramientas de gestión que permitan ofrecer un servicio cada vez más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de la ciudadanía.
