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ANÁLISIS DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2020-MIMP

ANÁLISIS  DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2020-MIMP


El Decreto Supremo Nº 003-2020 MIMP, aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia Nº 023-2020, el cual crea mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, a partir del conocimiento de los antecedentes policiales de la persona con la cual se mantiene una relación sentimental, sea matrimonio, unión de hecho, enamoramiento, noviazgo u otras.

 

El Reglamento, regula que la información podrá ser solicitada por cualquier persona que se considere potencial víctima de violencia por parte de su pareja o cuyo familiar hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la persona que podría ser una potencial víctima de violencia, personal de salud que haya atendido a la potencial víctima de violencia, personal docente o directivo de la institución educativa, empleador, personal directivo o compañero/a de trabajo, persona que cuente con la patria potestad, tenencia y custodia de la potencial víctima de violencia, tutela o acogimiento familiar,  persona designada como apoyo de una persona con discapacidad o persona cuidadora de la persona adulta mayor potencial víctima de violencia.

 

Los antecedentes policiales a solicitarse serán respecto a delitos como: feminicidio, homicidio simple o calificado, parricidio, lesiones y agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, violación sexual y sus formas agravadas, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, acoso, acoso sexual, secuestro, trata de personas, esclavitud y otras formas de explotación y delitos relacionados, chantaje sexual, entre otros.

 

La información puede otorgarse de manera verbal, dejándose constancia en la declaración jurada la entrega de la información. No es necesaria, ni obligatoria la emisión de un certificado. En caso no sea posible entregar verbalmente la información, por tratarse de una persona con discapacidad, esta se podrá entregar mediante lengua de señas, sistema braille, comunicación táctil, los macrotipos, la visualización de textos, los dispositivos multimedia, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y medios aumentativos o alternativos de la comunicación.

 

En el caso que la persona sobre la que se solicita información cuente con antecedentes policiales sobre los delitos mencionados, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ofrece los servicios de prevención a la persona en riesgo de ser víctima de violencia, brinda información acerca del autocuidado y reconocimiento de conductas peligrosas que adviertan violencia, elabora un plan de seguridad para reducir los riesgos de ser víctima de violencia, entre otras acciones de articulación correspondientes.

Tratándose de casos de posible riesgo de desprotección o desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes, corresponde a la DEMUNA iniciar la actuación estatal; y al servicio de la Unidades de Protección Especial del MIMP del lugar o en su defecto, al Juzgado de Familia o Mixto competente para iniciar la actuación estatal respectiva, respectivamente.

 

Las Disposiciones Complementarias Finales y Transitorias, tienen prevista la entrega de información sobre antecedentes penales y judiciales, la necesidad de su actualización mensual en el Portal Nacional de Datos Abiertos y señala que en el plazo de 60 días calendario, el Poder Judicial (PJ) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), proporcionan servicios de información sobre antecedentes penales y judiciales, respecto de los delitos consignados en el Reglamento, a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), en el marco de lo previsto en normas vigentes.

 

Esta norma constituye una medida preventiva y un mecanismo que permite prevenir la violencia, a fin de que las personas facultadas que acceden a la información, la utilicen para protegerse y proteger a las personas que están bajo su cuidado, representación o a quien presta apoyo; entre ellas, las personas adultas mayores, personas con discapacidad, o cualquier niña, niño o adolescente que podría estar involucrado en un hecho de violencia.