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DOCTOR TICONA INSTÓ AL CONGRESO APROBAR LEY QUE TRANSFIERE CENTROS JUVENILES AL EJECUTIVO

El presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo, instó al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley presentado por la institución, el cual propone transferir al Poder Ejecutivo la administración de los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. 
 
Manifestó que en una conversación la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, le manifestó su acuerdo con dicho planteamiento. 
 
Cabe precisar que la autoridad judicial hizo este pedido hasta en dos ocasiones durante la anterior legislatura, por cuanto, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, le corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el tratamiento de los adolescentes infractores.
 
Asimismo, invocó al Poder Ejecutivo a fortalecer los programas de prevención para el tratamiento de los adolescentes infractores, en un trabajo conjunto con los gobiernos locales y regionales. 
 
El doctor Ticona Postigo hizo estas precisiones durante una sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Defensa, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Parlamento.
 
Ante dichos grupos de trabajo, informó acerca de las acciones implementadas por el Poder Judicial ante las denuncias de violación sexual y agresión física contra mujeres, así como de las medidas adoptadas respecto de los adolescentes infractores de la ley penal.   
 
Defensa de la labor institucional
 
En la sesión la autoridad judicial estuvo acompañado de la presidenta de la Comisión de Justicia de Género, doctora Elvia Barrios Alvarado, y de la coordinadora nacional del Programa de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, doctora Carmen Cabello Matamala, quienes defendieron la labor institucional.
 
La doctora Barrios Alvarado explicó sobre las acciones que realiza el Poder Judicial respecto de la justicia con perspectiva de género.
 
Destacó, entre otros temas, las líneas jurisprudenciales desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia a través de acuerdos plenarios, en temas de violación sexual, trata de personas, favorecimiento a la prostitución, proxenetismo, y otros.
 
La magistrada refirió que en la audiencia pública del X Pleno Jurisdiccional Supremo Penal, a realizarse este 28 de setiembre y que contará con participación ciudadana, se abordará diferentes temas sobre violencia de género y contra los integrantes del grupo familiar.
 
Asimismo, informó que el Poder Judicial implementará próximamente una plataforma virtual que permitirá el acceso no solo a jueces sino a la ciudadanía en general, en la que se publicará información sobre normas nacionales e internacionales de protección a las mujeres, indicadores de casos de violencia sexual, trata de personas, feminicidio, y otros.   
 
A su turno,  la  magistrada  Carmen Julia  Cabello Matamala,  destacó  los esfuerzos  del Poder Judicial en la resocialización  de los menores en conflicto con la ley penal, a través  de los Servicios de Orientación a los Adolescentes (SOA) que se vienen implementando en las distintas cortes de justicia del país.
 
Dijo que al final de año llegarán a 22 los centros instalados en el país, de acuerdo con el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad 2016-2021.
 
Durante la sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Defensa  del Congreso , la doctora Cabello también indicó que la mayoría de la población de menores  infractores necesita ser rehabilitada en medio abierto, incluso en trabajos que realicen en sus comunidades,  a fin de darles oportunidad de reintegrarse a la sociedad, porque no todos están acusados de delitos graves.
 
En ese sentido, destacó la labor del Poder Judicial a través de la Gerencia de Centros Juveniles  y el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad.
 
Señaló que  las resocialización  que se aplica en medio abierto (libertad)  a los menores en conflicto con la ley penal, se ejecuta en el marco de las 100 Reglas de Brasilia y la normatividad internacional sobre derechos humanos.
 
Lima, 21 de setiembre de  2016