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NORMAS NACIONALES


Reglas sociales o institucionales que establecen límites y prohibiciones al comportamiento humano. Su cumplimiento es de carácter obligatorio en el territorio peruano.

DECRETO SUPREMO N° 009-2021-IN

Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030; la que prevé que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, desarrolle acciones articuladas para reducir la victimización por estos delitos que vulneran la dignidad de las personas.  Esta norma de gestión es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado, así como para el sector privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.
La Política Nacional cuenta con 19 lineamientos que se operativizan mediante 42 servicios que han de ser provistos por 11 sectores y 4 organismos autónomos, entre los cuales se encuentra el Poder Judicial.

DECRETO SUPREMO Nº 145-2021-PCM

Se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30926, Ley que Fortalece la Interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
El presente Reglamento tiene por finalidad implementar la interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia, a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y el uso de los bloques de interoperabilidad, contribuyendo en la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, garantizando el funcionamiento armónico y cohesionado de los procesos y plataformas digitales existentes en dicho Sistema.
EL Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar fue creado por el Decreto Legislativo Nº 1368, con el objetivo de asegurar la celeridad y efectividad de los procesos, y la interacción fluida entre todas las entidades que intervienen en la ruta procesal contra la violencia -entre ellas el Poder Judicial- para mejorar los tiempos de atención y respuesta a las víctimas, logrando así garantizar su integridad y seguridad, así como un real y efectivo acceso a la justicia.

DECRETO SUPREMO N° 022-2021-MIM

Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”, con el objetivo de establecer intervenciones integrales, articuladas y efectivas para prevenir la violencia de género contra las mujeres, en todos los entornos de socialización y convivencia.
Este instrumento de gestión establece intervenciones integrales para prevenir la violencia contra las mujeres, desde una articulación entre los diferentes niveles de gobierno, con enfoque territorial e intersectorial, y con otros sectores de la sociedad. El horizonte de la Estrategia es al año 2030, año que coincide con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

DECRETO SUPREMO N° 021-2021-MIMP

Decreto Supremo que modifica los artículos 4, 16, 17, 35,48, 49 y 50 e incorpora los numerales 14.3 y 27.4 a los artículos 14 y 27 respectivamente del Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, donde se establece las reglas generales de prevención, protección y sanción contra el hostigamiento sexual aplicables a todas las instituciones.

DECRETO SUPREMO N° 018-2021-MIMP

Decreto Supremo que crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente denominada “Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género - CONAIG”, con el objeto de realizar el seguimiento de la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género.
Dicha Política de carácter multisectorial fue aprobada mediante D.S.008-2019-MIMP en el marco de 6 objetivos prioritarios, que buscar erradicar las causas y consecuencias de la “discriminación estructural contra las mujeres”.
Es así, que la creación de esta comisión multisectorial cumple con lo establecido en el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género PEMIG aprobado por D.S.002-2020-MIMP, de cumplimiento obligatorio para la implementación de esta política nacional, que compromete a 21 instituciones, incluyendo al Poder Judicial.

DECRETO SUPREMO Nº 016-2021-MIMP

Documento que modifica los artículos 14, 15, 16, 19, 22, 24, 28, 29, 30, 34, 37 y 67 del Reglamento de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP.
Esta norma establece que las denuncias de casos de violencia realizadas por canales tecnológicos, se materializarán a través de una “Plataforma Digital Única de Denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”.
Dicha Plataforma será implementada bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la PCM, y a la que se articulará al proceso de interoperabilidad del SNEJ (Sistema Nacional Especializado de Justicia para casos de violencia), aprobado por Ley 30926. 
Asimismo, el MIMP en coordinación con la Secretaria de Gobierno Digital del PCM, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, deberán aprobar el “Protocolo Interinstitucional de Atención de Denuncias Digitales sobre Casos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar” en un plazo de 90 días.

DECRETO SUPREMO Nº 015-2021-MIMP

Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública; siendo su cumplimiento de carácter obligatorio para todas las entidades de la administración pública en los tres niveles de gobierno.
Asimismo, estos lineamientos pueden ser considerados como un documento referencial por el sector privado y la sociedad civil, para transversalizar el enfoque de género en las actividades que desarrollan tendientes a promover la igualdad de género y la no discriminación.

DECRETO SUPREMO Nº 014-2021-MIMP

Decreto Supremo que modifica los artículos 2, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del Reglamento del Decreto de Urgencia Nº 005-2020, Decreto de Urgencia que establece una asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2020-MIMP.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 170-2021-MIMP

Aprueba el Documento Técnico: Marco Conceptual sobre Cuidados.
El documento empieza señalando:
“Los cuidados son fundamentales para el sostenimiento de la vida humana y su hábitat social; y si bien permiten satisfacer las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vida, aunque se asocian a determinada edad, tipos de dependencia y condiciones de vulnerabilidad, lo cierto es que, en algún momento de nuestras vidas, todas y todos somos beneficiarios del sistema y muchos de nosotros y nosotras somos o seremos cuidadores (García-Calvente, Mateo-Rodríguez y Eguiguren, 2004)….”.

DECRETO SUPREMO 010-2021-MIMP

Decreto Supremo que aprueba las “Disposiciones para la articulación y actuación conjunta para la implementación del Programa de Reducción de la Violencia contra la Mujer (PPoR RVcM)”.
El PPoR constituye una estrategia de gestión pública que vincula los recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. El PPoR RVcM fue aprobado el 30 de diciembre del año 2019, mediante Resolución Suprema 024-2019-EF.  A través de la implementación del PPoR se busca alcanzar 12 resultados relacionados a reducir la prevalencia de la violencia contra las mujeres. Para ello, se establece la implementación de 24 productos, cada uno de ellos integrado por diversos servicios, los que en total suman 72.
Actualmente, el Poder Judicial, al igual que todas instituciones que integran el Sistema Nacional  Especializado de Justicia en Violencia – SNEJ, viene ejecutando el Producto 16A denominado “Mujeres víctimas con medidas de protección efectivas”. En ese marco ha implementado Juzgados de Familia Sub Especializados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en 9 distritos judiciales; y Juzgados Penales (Investigación Preparatoria y de Juzgamiento) Sub Especializados en delitos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en 8 distritos judiciales. 

   


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